Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, reiteró hoy la denuncia al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, cuyos efectos se reforzaron e internacionalizaron hace 28 años, con la firma de la Ley Helms Burton.
Esta legislación codifica el bloqueo genocida y la agresión económica de Gobierno estadounidense contra Cuba, a escala internacional y de modo abarcador, indicó el Canciller a través de X.
Su criminal castigo a las familias de la isla, agregó, viola los derechos humanos y el Derecho Internacional, y evidencia fracaso de la política de Washington hacia la Revolución cubana.
La Ley Helms-Burton tipifica limitaciones al comercio, a la realización de transacciones, a los viajes hacia y desde el territorio nacional, así como restricciones de la compraventa de propiedades en las que Cuba o ciudadanos naturales tengan interés.
Con su promulgación, se eliminó la posibilidad unilateral de levantar el asedio a la isla y estableció que este se mantendrá vigente hasta que exista en Cuba, lo que Washington denomina un gobierno de transición certificado por ellos mismos.
Las secciones tercera y cuarta de la Ley Helms-Burton se mantuvieron inactivas hasta 2019, cuando el presidente Donald Trump autorizó su puesta en práctica, con el fin de imposibilitar la normalización en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
De acuerdo con especialistas, la Ley Helms-Burton constituye, junto a la Torricelli (firmada en 1992), un enorme obstáculo para una relación estable, institucionalizada, perdurable e irreversible entre ambos pueblos.
Significan, asimismo, la violación de los principios de igualdad soberana y de no intervención en los asuntos internos de un Estado, contemplados por el Derecho Internacional como normas de obligatorio cumplimiento.
