Los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio estadounidenses anunciaron hoy en Washington nuevas medidas que recrudecen la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de ese país contra Cuba.
En un comunicado reseñan las nuevas decisiones, ya adelantadas por el mandatario Donald Trump el pasado 16 de junio, cuando firmó el llamado Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para el fortaleciendo de la política de EE.UU. hacia Cuba, una directiva ejecutiva que dio un giro al acercamiento entre las dos naciones que comenzó en 2014, y llevó al establecimiento de las relaciones diplomáticas en julio de 2015.
Para implementar los cambios de política de Trump, los departamentos de Estado, Comercio y Tesoro, así como también otras agencias federales, pondrán en práctica acciones para fiscalizar la prohibición de transacciones económicas, comerciales y financieras de compañías norteamericanas con empresas cubanas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad, todo ello con el pretendido objetivo de privar a la Isla de ingresos.
Las regulaciones que entrarán en vigor este jueves limitan, aún más, las exiguas relaciones en esferas tales como las transacciones financieras, el comercio y los negocios, y los conocidos viajes de estadounidenses por los llamados intercambios pueblo a pueblo.
De igual forma se prohíben los viajes individuales, bajo las 12 categorías generales aprobadas por el gobierno de Barack Obama, y se establecen regulaciones que solo permitirán los viajes para intercambios académicos y otros de manera muy limitada.
La nota de prensa aclara que el Presidente no autorizará los viajes con fines no académicos y las personas que viajen a la Isla tendrán que hacerlo bajo el amparo de una organización que los represente, y con un guía o responsable que fiscalice las actividades en Cuba.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, será la encargada de velar por ello y exigir que todos los viajes educativos no académicos se lleven a cabo bajo los auspicios de una organización que esté sujeta a la jurisdicción de EE.UU.
Igualmente, la OFAC exigirá que cada estadounidense que viaje a la Isla bajo el programa “de apoyo al pueblo cubano”, tengan definidas las actividades a realizar a tiempo completo, con los fines ya declarados en la nueva política de “apoyar a la sociedad civil o promover la independencia del pueblo de las autoridades”, en una clara alusión a los otrora denunciados programas de subversión.
Los estadounidenses que viajen a la Isla podrán rentar una habitación en una casa particular, comer en paladares y comprar en tiendas manejadas por cuentapropistas, pero deberán contratar un “apoyo autorizado adicional para las actividades con el pueblo cubano”.
Aclaran que los viajes educativos no académicos individuales de personas a personas ya no estarán autorizados, según lo anunciado por el Presidente.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, dijo que con las medidas buscan “blindar” la nueva política del presidente Trump contra Cuba, y canalizar la actividad económica de su nación “lejos de los militares cubanos”, y aseguró que para supuestamente “alentar al Gobierno a avanzar hacia una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano”.
Las declaraciones del representante del Gobierno norteamericano dejan clara la marcada intención de alejarse del proceso hacia la normalización de relaciones, y convertir en azaroso el camino para concretar resultados con la veintena de acuerdos entre los dos países.
Acompañan a las medidas una larga lista de hoteles, empresas, grupos comerciales, entre otros, con los que estará prohibido tener cualquier vínculo económico y los estadounidenses no podrán hospedarse en ninguna de las más de 80 instalaciones que se relacionan.
A las personas sujetas a la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos no se les autorizarán licencias para exportar cualquier artículo o realizar transacciones financieras directas con las entidades identificadas por el Departamento de Estado en la referida lista.
En junio, el mandatario estadounidense justificó la política que ahora se convierte en regulaciones federales, con supuestas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en la Mayor de las Antillas, y el objetivo de aplicar rigurosamente las leyes del bloqueo, condicionando su levantamiento, así como también cualquier mejoría en las relaciones bilaterales, a que Cuba realice cambios inherentes a soberanía y autodeterminación.
En su momento, el Gobierno norteamericano reconoció que el bloqueo es una política obsoleta y que debía ser eliminada, decisión que recae en el Congreso de ese país.
Sin embargo, Trump recurre a métodos coercitivos del pasado, al adoptar medidas de recrudecimiento del bloqueo, en vigor desde febrero de 1962, y que no solo provoca daños y privaciones al pueblo y constituye un innegable obstáculo al desarrollo de la economía, sino que también afecta también la soberanía y los intereses de otros países, y concitó el rechazo internacional de 191 países en Naciones Unidas, el pasado primero de noviembre.
El Gobierno cubano ha reiterado su voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo con Estados Unidos, así como también la negociación de los asuntos bilaterales pendientes con la Casa Blanca.
En los dos últimos años se demostró, como ha expresado reiteradamente el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, que La Habana y Washington pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que beneficie a ambos, pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones intrínsecas a su soberanía e independencia, ni acepte condicionamientos de ninguna índole.
