Nuevas evidencias del pago que el Gobierno de Estados Unidos hizo a periodistas de Miami para crear una atmósfera hostil contra los antiterroristas cubanos presos injustamente en ese país serán expuestas en Internet.
El sitio digital Reporteros por contrato, iniciativa del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco en EE.UU., será el encargado de publicarlas, refiere hoy una información aparecida en el diario Juventud Rebelde, que cita como fuente a Prensa Latina.
Añade la información que se darán a conocer documentos adicionales salidos a la luz en los que se argumenta esa operación de propaganda ilegal de la Casa Blanca, así como la manipulación del sistema de justicia.
Como se ha divulgado Gerardo Hernández y Antonio Guerrero, dos de los Cinco, han presentado recursos de hábeas corpus con el argumento de que sus derechos constitucionales fueron socavados por los medios de difusión gubernamentales.
Más de dos mil 200 páginas de contratos entre periodistas de Miami, incluidos los de las mal llamadas Radio y TV Martí, han sido emitidas por el periódico Liberación, mediante una petición de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).
Señala el texto de Juventud Rebelde que la Broadcasting Board of Governors y su Oficina de Transmisiones hacia Cuba operan a Radio Martí y TV Martí y ponen en sus nóminas a informadores para transmitir el mismo mensaje dentro y fuera del país acerca de temas sobre la Isla.
La Ley Smith-Mundt, de 1948, que regula la diplomacia pública de EE.UU. en el extranjero, prohíbe financiar actividades para ejercer influencia y hacer propaganda dirigida a la opinión pública.
En junio último, la directora del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos, Heidi Boghosian, denunció en conferencia de prensa el plan concertado para manchar los procedimientos judiciales e influir en los veredictos en el caso de los mencionados patriotas cubanos, según Granma Internacional.
Dijo que los artículos engañosos y despectivos escritos por reporteros pagados por el gobierno tuvieron un impacto directo en la opinión pública, el tribunal" y en la corte de apelaciones.
